Colombia
A un año de concluir su mandato, el presidente Gustavo Petro encara el cierre de su administración entre promesas inconclusas, escándalos de corrupción y un gabinete inestable, mientras busca preservar el legado del primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia.
Con una aprobación que ronda el 30 %, Petro intenta mantener a flote su agenda de reformas en medio de una coalición legislativa debilitada, fricciones internas en el Ejecutivo y una política exterior marcada por la confrontación ideológica y el uso polémico de redes sociales.
Petro llegó al poder en 2022 con una fórmula que representaba el cambio: junto a Francia Márquez, activista ambiental y líder afrocolombiana, canalizó el descontento de sectores históricamente excluidos. La promesa de transformación estructural obtuvo más de 11 millones de votos.
Tres años después, la alianza se ha resquebrajado. Márquez ha perdido protagonismo político, fue apartada del Ministerio de Igualdad y desplazada de las decisiones estratégicas. La tensión entre ambos estalló públicamente cuando asistieron por separado a la instalación del Congreso el pasado 20 de julio.
“Pasé de ser la heroína a la traidora”, declaró Márquez, denunciando discriminación dentro del propio gobierno. Petro, hasta ahora, ha guardado silencio.
Uno de los aspectos más criticados de su gestión ha sido la rotación constante de ministros: en tres años han pasado 60 funcionarios por las distintas carteras. El gabinete original, que integraba perfiles técnicos y figuras del centro político, fue reemplazado por leales al petrismo, entre ellos personajes controvertidos como Armando Benedetti, hoy figura clave del círculo presidencial pese a investigaciones por acoso y violencia.
La falta de continuidad y experiencia en varias dependencias ha ralentizado la ejecución de políticas públicas y generado un desgaste interno incluso entre exaliados como el excanciller Álvaro Leyva, quien acusó al mandatario de ser incapaz de gobernar.
Petro ha impulsado más de 50 proyectos de reforma, aunque su avance ha sido irregular. La pérdida de control legislativo en 2023, tras la controvertida reforma a la salud, fracturó la coalición oficialista y complicó la aprobación de iniciativas clave.
Pese a ello, logró sacar adelante una reforma pensional que fortalece el sistema público y una reforma laboral que mejora condiciones para trabajadores de plataformas digitales. El panorama para lo que resta de legislatura es incierto: sin mayoría, el gobierno apuesta a impulsar reformas pendientes como la ley de sometimiento a bandas criminales, la nueva regulación del sistema de salud y la reducción de tarifas energéticas.
El discurso anticorrupción que catapultó a Petro al poder ha sido minado por escándalos que alcanzan incluso a su entorno más cercano. Su hijo, Nicolás Petro, enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito tras haber recibido dinero de un exnarcotraficante en plena campaña.
Además, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) se convirtió en el epicentro del mayor caso de corrupción de su administración, lo que obligó al mandatario a pedir disculpas públicas por haber nombrado a Olmedo López como director del organismo. Este año, Petro evitó referirse al tema, pese a que su exministro de Hacienda está bajo investigación y su exdirector administrativo tiene orden de captura.
La política exterior del gobierno Petro ha estado marcada por decisiones unilaterales y choques ideológicos, principalmente con Estados Unidos. La relación bilateral se tensó tras la negativa del gobierno colombiano a recibir vuelos de deportados y la posterior acusación de un supuesto complot impulsado por el secretario de Estado, Marco Rubio, denunciado por Nicolás Maduro y replicado por Petro.
Estos episodios, sumados a frecuentes pronunciamientos impulsivos en la red social X —plataforma que el presidente utiliza como canal prioritario de comunicación—, han deteriorado la imagen internacional del país.
Petro también rompió relaciones con Israel en el contexto del conflicto en Gaza, prohibiendo la exportación de carbón colombiano a ese país bajo el argumento de que el mineral se utiliza para fabricar armas “que matan niños palestinos”.
A medida que se aproxima el 7 de agosto de 2026, fecha en la que concluirá su mandato, Gustavo Petro deberá redoblar esfuerzos para concretar los pilares de su proyecto político. Mientras tanto, su legado se debate entre avances puntuales en justicia social, una narrativa de transformación frustrada y un estilo de gobierno que ha polarizado al país.
Fuente: Forbes