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La violencia digital ya no es un riesgo lejano: hoy se vive desde los teléfonos, las redes sociales y hasta desde la inteligencia artificial. Niñas, niños y adolescentes están expuestos cada vez más a acoso, amenazas, chantajes, difusión de imágenes manipuladas y contenido dañino, sin que muchas veces haya mecanismos claros para protegerlos.
Frente a esta realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso decisivo al respaldar que los estados protejan de forma explícita a los menores contra la violencia en entornos digitales.
La decisión surge a raíz de una acción de inconstitucionalidad contra una reforma en Zacatecas, donde se estableció el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia digital, incluyendo aquella generada por el mal uso de inteligencia artificial.
La ministra Margarita Ríos Farjat, autora del proyecto aprobado por unanimidad, fue clara:
“Hoy, los riesgos no solo están en la calle o en la escuela. Están en la pantalla, en la red, en la inteligencia artificial que puede usarse para dañar la imagen, la dignidad y la salud emocional de los menores”.
Y los datos respaldan esa advertencia:
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Más de 1,150 menores se suicidaron en México en 2020.
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Durante la pandemia, el 44 % de adolescentes dijo haber pensado en quitarse la vida, y un 10 % lo intentó.
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Entre 20 y 22 mil adolescentes son diagnosticados cada año con trastornos alimenticios, muchos relacionados con bullying y presión en redes sociales.
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Uno de cada cinco jóvenes sufre ansiedad o depresión, pero en muchos casos no recibe ayuda oportuna.
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El entorno digital ha cambiado las reglas. Hoy, una foto falsa, un reto viral o una conversación manipulada con IA puede destruir la autoestima de un joven o ponerlo en peligro.
La ministra Yasmín Esquivel alertó que los menores son especialmente vulnerables porque no siempre pueden distinguir entre lo real y lo artificial, ni medir los riesgos del contenido sexualizado, violento o engañoso que circula en internet.
En estados como Puebla, ya se están impulsando leyes y reformas —como la Ley de Ciberseguridad— que buscan castigar el ciberacoso, proteger la identidad digital, y atender los efectos psicológicos del bullying en línea. También se están planteando protocolos escolares y jurídicos que ayuden a prevenir tragedias.
Con esta resolución, la SCJN reconoce que la violencia digital es una forma de violencia real, y que proteger a la infancia en internet no es una opción, es una obligación del Estado. Las cifras muestran que el problema ya está aquí y está cobrando vidas. Actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre un daño y una oportunidad de protección.