Campaña de Petro violó topes de financiación: CNE envía el caso al Congreso
El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este jueves una resolución que marca un precedente en la política colombiana: la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 fue declarada responsable de superar los topes de financiación establecidos por la ley, con un exceso que ronda los 5.355 millones de pesos (aproximadamente 1,4 millones de dólares) entre la primera y segunda vuelta.
Con una votación de seis a tres, la Sala Plena determinó la responsabilidad administrativa de los principales operadores financieros del equipo petrista: el gerente Ricardo Roa —hoy presidente de Ecopetrol—, la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aidee Mogollón. También sancionó a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que avalaron jurídicamente la candidatura. El mandatario no fue incluido en las penalizaciones debido al fuero presidencial.
Se trata de la primera vez que la autoridad electoral impone sanciones a ejecutivos financieros de una campaña presidencial. La investigación, que se extendió por más de un año, fue liderada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). Su informe concluyó que el comité petrista omitió reportar aportes provenientes de la Unión Sindical Obrera (379 millones) y del sindicato Fecode (500 millones), además de diversos gastos ligados a publicidad televisiva y pagos a testigos electorales. Dichas omisiones habrían empujado a la campaña por encima del límite legal.
Aunque el caso toca a figuras clave del círculo político de Petro, no lo involucrará directamente. La Corte Constitucional determinó en junio que el CNE carece de competencias para investigarlo, por lo que ordenó remitir el expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, única instancia autorizada para examinar a un presidente en ejercicio.
La decisión se destrabó tras la designación de dos conjueces en reemplazo de magistrados apartados del proceso: Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) y Álvaro Echeverry (elegido por una fuerza opositora, pero con vínculos previos con el oficialismo). Uno de los conjueces, Majer Abushihab, aportó el voto definitivo para construir la mayoría.
Las sanciones económicas son significativas. Roa, Soto y Mogollón deberán asumir de manera solidaria cerca de 6.000 millones de pesos. En paralelo, Colombia Humana y la UP enfrentarán multas superiores a los 1.000 millones cada una, que serán descontadas de los recursos públicos que reciben por financiación política. El CNE argumentó fallas en la auditoría interna y el ingreso de aportes prohibidos.
La UP rechazó el fallo y lo calificó como un instrumento político que busca “generar incertidumbre” sobre la legitimidad electoral del actual gobierno. Integrantes del Pacto Histórico también denunciaron motivaciones políticas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró que, aunque discrepa de la decisión, esta será “acatada e investigada”. La senadora Isabel Zuleta cuestionó la imparcialidad del conjuez Abushihab y afirmó que la resolución responde a “una persecución política”.
Fuente: El País