ONU califica como ilegal el bloqueo energético contra Cuba
Cuba
La Organización de las Naciones Unidas determinó este jueves que las recientes medidas que restringen el suministro de combustibles a Cuba constituyen una violación del derecho internacional y representan una amenaza al orden jurídico multilateral. La declaración se da en el contexto de un agravamiento de la crisis energética en la isla, resultado de sanciones y presiones económicas ejercidas por Estados Unidos.
Expertos en derechos humanos vinculados al sistema de Naciones Unidas señalaron que la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que faculta la imposición de aranceles a terceros países que exporten petróleo a Cuba carece de respaldo en la Carta de las Naciones Unidas y no fue autorizada por el Consejo de Seguridad. Según los especialistas, esta acción unilateral viola normas consagradas de no intervención, soberanía estatal y cooperación internacional.
La ONU también expresó “profunda preocupación” por las consecuencias humanitarias derivadas de la restricción del combustible, que ha provocado escasez en servicios básicos y afectaciones en sectores clave de la economía cubana. El secretario general António Guterres había advertido días atrás del riesgo de un colapso humanitario si no se satisfacen las necesidades energéticas de la población.
El análisis de la situación ocurre en medio de un recrudecimiento de las tensiones bilaterales: Washington ha advertido que impondrá tarifas a países que suministren petróleo a La Habana, en un intento por intensificar la presión económica. Cuba, por su parte, describe estas acciones como un “bloqueo energético” que está paralizando servicios públicos y limitando el acceso a insumos esenciales.
La resolución de Naciones Unidas insta a los Estados miembros a abstenerse de aplicar medidas coercitivas unilaterales que subviertan el derecho internacional y aboga por el uso de canales diplomáticos para resolver controversias y garantizar la estabilidad regional.
En paralelo, distintos actores internacionales como México y fuerzas políticas europeas han manifestado su rechazo a las sanciones, calificándolas de contrarias a los principios del derecho internacional y afectando desproporcionadamente a la población civil.